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Al fin ha llegado a España ”la nueva sensación”, directamente desde los EE.UU., donde triunfa sin parar desde Texas a Ohio: el fracking. Dicen que es “la oportunidad que España no puede dejar pasar”. De momento, el Ministerio de Industria ha concedido ya unos 70 permisos de exploración de hidrocarburos mediante fracking, lo que nos convierte en el tercer país de Europa en número de autorizaciones concedidas, sólo por detrás de Polonia y de Reino Unido. Pero muchos otros han declarado moratorias o prohibiciones al fracking, como por ejemplo Francia, Bulgaria, Irlanda, Rumanía, Chequia o algunos estados alemanes. De hecho, la oposición del pueblo americano va en aumento tras comprobarse los peligros reales de esta técnica.

Pero, ¿en qué consiste esta nueva “revolución” energética? Es una técnica de fracturación hidráulica para extraer gas y petróleo del subsuelo. Su impacto económico en el Producto Interior Bruto nacional sería proporcional a sus secuelas medioambientales. A pesar de ello, para algunos, el fracking ya está aquí y ha llegado para quedarse. No les detiene el hecho de que requiera enormes cantidades de agua potable, que no puedan asegurar que la tierra manipulada permanezca “quieta”, que se puedan generar filtraciones químicas que contaminen de forma irreversible los acuíferos, que cada instalación genere mucho ruido y un enorme tránsito de camiones, que se emitan gases tóxicos, que se arrase el paisaje -estima esta industria que se explotarán unos 13.500 pozos en España-, o que al sacar el gas se extraigan metales pesados y minerales radioactivos contenidos en las rocas.

Más bien al contrario, se frotan las manos: los ayuntamientos percibirán retribuciones por las licencias de obras y los terrenos, los particulares podrán vender sus terrenos o percibir indemnizaciones por los perjuicios que se les cause, y empresas de construcción, hostelería y transporte obtendrán suculentos ingresos. No obstante, la técnica también ha hallado una fuerte oposición. Cantabria, La Rioja, Navarra y Cataluña han aprobado leyes autonómicas prohibiéndola.

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